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Regresiones

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Esta semana, dos tristes actos de la tragicomedia nacional llaman mi atención. Uno; la aprobación de la Ley de Armas. Dos; la propuesta de ley que regularía los “lugares sagrados” de los “mayas.”

La Ley de Armas se hallaba entrampada por el detalle de cuántas municiones una persona podría comprar en un mes, bajo la premisa absurda de que si autorizaban 400 municiones habría menos violencia que con 800. Finalmente acordaron un punto medio (arbitrario) que será perfectamente inútil, porque aunque tengan mala puntería y necesiten más balas para matar, los homicidas no registran sus armas ni se someten a cuotas legales. El acuerdo refleja la insensatez de un gobierno que en su propaganda declara creer en el derecho constitucional a portar armas, “pero” también en el derecho universal a la vida, trazando un contraste inexistente entre un derecho constitucional y otro “universal”. Es precisamente del derecho natural a la vida que se desprende un derecho a portar armas; o lo que es igual, el derecho a defender la vida propia, especialmente en un país donde el gobierno es incapaz de garantizarlo.

Aún si los delincuentes registraran sus armas y se sometieran a la cuota de municiones, ¿hay alguien que crea que el Ministerio de Gobernación será capaz de evitar que usen testaferros para comprar todas las que quieran? Y si esto demuestra la incompetencia legislativa, lo que demuestra su absoluta bancarrota moral es el privilegio que los diputados se autorecetaron.

Éstos introdujeron un artículo que los faculta para portar armas sin licencia, tanto a ellos como a cualquier exfuncionario del gobierno. Así que un asesino confeso como Alfonso Portillo o ladrones como Eduardo Meyer y Rubén Darío Morales — lacras representativas del sector público–, tienen un mayor derecho a defenderse que el resto de los ciudadanos. ¡Qué desfachatez!

El otro asunto (más risible, sin duda) es el de los sitios donde confluye la “energía cósmica para la comunicación con los ancestros.” Ahora bien, mi objeción no es que esta sea una creencia estúpida y contaminada por la política, porque aunque lo fuera la gente tiene derecho a tenerla. La objeción es que el Estado de Guatemala es supuestamente laico, así que no debería estar promoviendo o dando especial protección a cualquier religión. Pero aquí se evidencia la existencia de un juego de reglas que aplica para la ficticia religión “maya”, y otro que aplica para el resto de religiones cuyos lugares sagrados no merecen la misma consideración.

Esta es una de esas leyes politicamente correctas que obedece a una imagen tipo Disney de Guatemala. Por favor, en este país no hay mayas. Ciertamente hay descendientes de mayas, pero éstos no comparten la cultura de aquella civilización que desapareció hace más de 7 siglos. También hay descendientes de los vikingos, pero ningún noruego vivo adora a Odín, ¿verdad? Tampoco esperaría que el gobierno próximamente esté sancionando el sacrificio humano, una práctica habitual de los mayas. Esta moda de revivir a una civilización difunta está políticamente motivada, precisamente con los fines legales que observamos en este proyecto: privilegios étnicos para comprar el voto etnocéntrico, y la subordinación del derecho a la propiedad privada a otros “derechos” colectivos susceptibles al manoseo político.

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Written by craguilar

abril 1, 2009 a 5:06 pm

Publicado en Política

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