Nueva América Central

Todo empieza en nuestras mentes

Tengo derecho a tu salario

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Hay una enfermedad que se llama la concepción positiva de los derechos. De ella proceden surtidos males ideológicos; entre ellos, el socialismo.

La concepción clásica, negativa o natural de los derechos, afirmada por filósofos durante siglos –desde Aristóteles hasta John Locke-, sostiene que los derechos de la persona humana terminan donde empiezan los de los demás. Tiene sentido, ¿no? Si creemos en la igualdad de todos los hombres en dignidad, entonces necesariamente también debemos creer que las normas deben aplicarse a todos ellos por igual. En otras palabras, deben ser universales.

En consecuencia, el goce de mis derechos no debería significar coartar los derechos de otra(s) persona(s). Todos deben gozar sus derechos plena y simultáneamente. Es así como yo puedo disfrutar mi derecho a la vida, a la libertad de expresión, de locomoción, de culto, y mi derecho a la propiedad, sin exigirle a nadie otra cosa más a que me dejen en paz.  Que no me ataquen físicamente, que no me roben, que pueda disponer libremente de mi propiedad y comerciar con los demás, libre de coacción. “El respeto al derecho ajeno es la paz”, según Benito Juárez.

Los derechos negativos nos obligan a no hacer algo.

Luego a alguien se le ocurrió que esto era insuficiente. En la vorágine política del siglo XX se empezaron a formular derechos positivos, aquellos que obligan a hacer algo. Bajo el concepto clásico, éstos podían crearse sólo cuando dos o más partes suscribían un contrato voluntariamente, pero el nuevo pensamiento prescribió que fuera el Estado que los creara ex ante para toda la sociedad.  Ahora nacemos con deudas hacia “los demás” (el Estado) y el Estado también nos debe cosas. Entre éstas, el derecho a la alimentación, a la salud, a la vivienda “digna.”

Y es que los derechos negativos o naturales, para no contrariarse entre sí , necesariamente eran limitados en número –un conjunto colectivamente exhaustivo. Pero los derechos positivos no tienen más límite que la imaginación de lo que es deseable. Puede empezarse con la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, empezando con el Artículo 22, donde se nos presenta a un derecho a la seguridad social, a una “remuneración equitativa y satisfactoria”, a “gozar de las artes y a participar en el progreso científico y los beneficios que de él resulten”, entre otros anhelos.

Una de las implicaciones interesantes del derecho positivo es que frecuentemente entra en conflicto con los derechos de primer órden. Por ejemplo, el derecho a la salud necesariamente implica coartar el derecho a la libertad, ya sea porque restringe decisiones personales que son nocivas para la salud o porque impone castigo a quienes se rehusen a pagar por los servicios.

Otra implicación es que un ermitaño que viva aislado de la sociedad es un violador de derechos por el simple hecho de que no hace lo que debe hacer por los demás. Todos, de hecho, son culpables de violación a los derechos positivos con sólo que exista alguna persona en la sociedad que no los goce. Si alguien vive en la calle, por la razón que sea, implica que su derecho a una vivienda digna está siendo coartado.

En el caso de que se violen los derechos negativos, es fácil deducir culpabilidades. Es culpable quien hizo lo que no debía hacer. Pero en el caso de los derechos positivos, ¿quién es culpable? Si alguien vive en la calle, ¿ a quién aprehendemos y juzgamos? La respuesta es que todos somos culpables; el Estado es culpable. ¿Es el Estado una persona con derechos y obligaciones? El paradigma de los derechos positivos dice que sí.

Seguramente por casualidad, coincidiendo con la iniciativa de Colom por una nueva Reforma Fiscal, el Centro para los Derechos Económicos y Sociales ha determinado  en un “estudio” que “al no implementar una política fiscal progresiva, equitativa y solidaria, el Estado guatemalteco viola los derechos de sus ciudadanos.” No puede pedirse un mejor ejemplo de las conclusiones absurdas a las que nos conduce el derecho positivo.

Lastimosamente, el “Estado” no crea riqueza por su cuenta con la que pueda reivindicar estos derechos. Somos los ciudadanos productivos quienes creamos la riqueza y en virtud de esto, y sólo esto,  somos cómplices de la violación de los derechos positivos de nuestros conciudadanos. Esta culpabilidad puede limpiarse únicamente de dos formas: 1.) entregando el fruto de nuestro trabajo al gobierno para que pueda proveerle a todos sus “derechos”, presentes y por inventar; ó 2.) regresar al concepto correcto de los derechos para que las personas puedan coexistir pacíficamente y en libertad.

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Written by craguilar

noviembre 5, 2009 a 9:43 pm

2 comentarios

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  1. Los principios del derecho positivo y negativo es muy interesante. Son conceptos que deberían entender la población guatemalteca. Sin embargo, pienso que hay países en dónde el principio de pagar impuestos al gobierno para que éste lo regrese en derechos al pueblo funciona, tal vez no a la perfección, pero funciona bien … como por ejemplo en los países fríos. (aunque también trae desventajas, no lo niego) En los países tercenmundistas como es Guatemala linda, esto no funciona en lo absoluto ni si quiera un poquito, porque la corrupción es a un nivel tan alto que todo lo recaudado se pierde sin rendir frutos para el pueblo en general. Solo son algunos los privilegiados. La corrupción en estos países se asemeja a una bacteria que se multiplica con rapidez y facilidad en ciertos ambientes y temperaturas. Pues Guatemala provee ese ambien y temperatura perfecta para que la corrupción se expanda como un cáncer. Por lo tanto mientras que la educación no alcance niveles más altos y el país se desarrolle en lo principios más importantes es imposible que funcione alguna política de estabilidad. Para mientras, se hará lo que se puede atropeyando derechos negativos e inventando positivos sólo para fines de “algunos pocos”.

    Mery

    noviembre 8, 2009 at 9:22 am

  2. […] existencia de “derechos sociales”, y en esto él tiene toda la razón; dicha contradicción es infranqueable. Un sistema de gobierno que blinde a los derechos individuales necesariamente debe frenar el […]


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