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Más Leyes, menos Estado de Derecho

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Decía Calvin Coolidge —el presidente más subvaluado en la historia de Estados Unidos— que es más importante vetar una ley mala que aprobar una buena. Y es que una ley trae consigo la coacción, la burocracia y los buscarentas, mientras que la ausencia de ley es, en el peor de los casos, el imperio del orden natural de las cosas, de las interacciones voluntarias entre las personas y los valores que las animan.

Si las leyes fueran riqueza, Guatemala sería uno de los países más ricos del mundo. Todos los años se aprueban docenas de leyes con cientos de artículos nuevos y millares de páginas de regulaciones y reglamentos. Es congruente con la visión positivista de nuestra clase gobernante que ve en todo problema social un déficit de voluntad política. El bienestar y la paz social están a solo unos cuantos plumazos de distancia. Medimos la eficacia del Congreso por cuánto legisla, en vez de la calidad de lo que legisla o la efectividad con la que deroga leyes mal diseñadas y contraproducentes como la reciente Reforma Fiscal.

Cuán diferente es la mentalidad de Mark Twain, quien dijo: “la libertad, la vida y la propiedad de ningún hombre está segura mientras el Congreso está en sesión.”

Hay dos leyes ahora en discusión, una que tiene que ver con el “Desarrollo Rural” y otra que reforma el sistema político para introducir cuotas de participación por etnicidad y sexo.

Para entender por qué estas leyes deben rechazarse, debemos aclarar primero qué persigue la ley. ¿Persigue igualdad de derechos o igualdad de resultados? ¿Persigue una justicia ciega, como la de la ilustración clásica de la mujer vendada con la balanza en una mano y la espada en la otra, o busca una “justicia” con los ojos de la ingeniería social bien abiertos?

Lo que debe estar claro es que estos dos conceptos  son mutuamente excluyentes. No puede haber simultáneamente igualdad de trato e igualdad de resultados, porque esto presupone que todos los seres humanos somos idénticos en vocación y aptitudes y que tomamos las mismas decisiones en la vida, lo cual es evidentemente falso. La única forma en que yo puedo conseguir que todos obtengan los mismos resultados es usando la ley para darles un trato distinto.

Precisamente esto es lo que buscan estas dos leyes, codificar en la ley que el gobierno distinga entre dos clases de ciudadanos: una conformado por las víctimas de la discriminación oficial, y otra clase conformada por los beneficiarios de dicha discriminación.  En cuanto a las cuotas de participación, los beneficiarios serían las mujeres y los indígenas mientras que los discriminados serían los hombres y los ladinos. Del ideal meritocrático, donde cada quien consigue el puesto que se gana entre sus pares, pasamos al ideal racista y sexista, donde cada quien consigue el puesto que le concede la lotería genética.

Ni de chiste estoy insinuando que el Congreso actual es una meritocracia. De su falta de representatividad he escrito varias veces, pero no tiene absolutamente nada que ver con la etnicidad y el género. De hecho, el uso de estos criterios hará más difícil conseguir verdadera representación porque restringe la oferta política disponible para los electores.

¿Que hay sexismo y racismo en nuestra sociedad? Por supuesto. Pero tiene tanto sentido codificar estas actitudes como delito como inventar una Ley contra la Envidia. La ley castiga acciones, no pensamientos. El racismo no es una acción. Quienes dicen que lo es, argumentan que el racismo está demostrado en el tangible atraso económico y educativo de las comunidades indígenas, así como su escasa participación en la política.

Diría yo que lo segundo es consecuencia de lo primero, y lo primero es consecuencia de un sinnúmero de factores culturales que poco tienen que ver con el racismo. ¿Acaso son los ladinos quienes mandan a los niños indígenas a que trabajen en vez de ir a la escuela? ¿Acaso es el racismo el causante de la explosión demográfica y la paternidad irresponsable en las comunidades indígenas? ¿Son los ladinos quienes cierran carreteras y se roban insumos mineros para impedir que en sus comunidades se hagan inversiones productivas? Del atraso indígena, 90% es cultura indígena y 10% es racismo, y me atrevo a decir que si se cura lo primero, el racismo se reduce a la mitad.

¿Qué decir de la falta de participación femenina? ¿Sexismo o simple manifestación de las preferencias femeninas en cuanto a su carrera? No hay estudios en Guatemala pero si las mujeres chapinas son como las mujeres del resto del mundo, hay abundancia de evidencia que las preferencias de cada sexo juega un rol preponderante en cuanto a la carrera que escogen y su nivel de participación política. Contradecir una realidad biológica y cultural con leyes no tendrá los resultados intencionados. Habrá más mujeres en el Congreso talvez, pero no mayor representatividad femenina, aun si existiera algo tan absurdo como un “pensar político” propio de las mujeres.

Es tan ilógico pensar que una Ley de Desarrollo Rural conseguirá el desarrollo rural como que una Ley de Desarrollo Nacional conseguirá lo mismo para todo el país. Podemos ponerle todos los nombres bonitos que querramos a las leyes y llenarlas de buenas intenciones, pero no cambia el hecho de que la riqueza de las naciones está determinada por su capacidad de producir bienes y servicios que mejoren la vida de las personas. Una ley no produce nada. Al contrario, una ley como esta habilita a una nueva y costosa burocracia que funcionará como peso muerto sobre la débil economía nacional. Solo la incertidumbre legal sobre las facultades de “reforma agraria” que la susodicha Ley concede al gobierno significará fuga de capitales y empleos.

En este caso debemos seguir el consejo de “Silent Cal” y rechazar estas torpes leyes que contradicen la realidad social y solo significarán más discreción y recursos para una burocracia corrupta e inoperante.

Written by craguilar

noviembre 28, 2012 at 11:24 am

MIFAPRO apesta

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Lo que el gobierno llama su “mayor logro” es el programa de compra de votos remesas condicionadas llamado Mi Familia Progresa. La propaganda oficial consiste de testimonios de gente expresando satisfacción por recibir Q300 mensuales a cambio de consumir bienes públicos. ¿Quién no estaría satisfecho de que le regalen dinero? En lo personal, estaría más que satisfecho si el gobierno dejara de quitarme dinero para pagar servicios que alguien más disfruta. Quédense con su salud y su educación, muchas gracias.

Que MIFAPRO no ha tenido impacto positivo en el desarrollo de Guatemala es evidente en las estadísticas de crecimiento económico y desarrollo humano. El gobierno tiene como única defensa la inscripción escolar pero esos datos son los que reportan los mismos beneficiarios del programa para recibir su pago y no dicen nada de la asistencia real de los niños a las escuelas. Escuelas, sea dicho de paso, que más parecen gallineros y donde los niños son educados por émulos del bochinchero Joviel Acevedo. En semejantes circunstancias ir a la escuela y desertarla parecen alternativas igualmente miserables.

Los programas de redistribución de riqueza no funcionan por dos razones: una de naturaleza formal (la eficiencia), y otra de naturaleza conceptual (la definición de riqueza.) Por un lado, la redistribución coactiva destruye riqueza porque de los Q100 que el gobierno le quita a Pedro para darle a Juan, solo Q50 llegan a Juan. Los otros Q50 son consumidos por la voraz burocracia repartidora. Léase este articulo, por ejemplo, donde se revela que en un año MIFAPRO estaría gastando más de Q100 millones en “Otros estudios o servicios”, “arrendamiento de edificios” y “divulgación e información.” Este monto no incluye los emolumentos del ejército de burócratas dedicado a administrar al programa estrella, ni los honorarios de los abogados que el regimen ha contratado para blindarlo de fiscalización.

Así que los Q100 que deberían estar en manos de quien los creó ahora están en manos de una burocracia corrupta y prolija y unos pasivos beneficiarios evidentemente incapaces de crear riqueza (de lo contrario, no serían beneficiarios.) El gobierno se convierte en el opuesto exacto del Señor en la Parábola de los Talentos: “al siervo útil echadlo en las tinieblas de afuera.”

La otra razón por la que estos programas nunca funcionarán es porque la riqueza no es dinero. La riqueza es mental, cultural. Transferir dinero no es transferir riqueza. Al contrario, en vez de propiciar hábitos y actitudes conducentes a la creación de riqueza, los programas de beneficencia compulsiva propician actitudes de dependencia y entitlement (se traduce como “creerse con derecho.”) Recurro nuevamente a esta metáfora: un país que espera desarrollarse a través de transferencias internas es como un hombre que se para en una cubeta y espera levantarse halando de las asas.

No debería pagársele a la gente para que inscriba a sus hijos en escuelas gratuitas ni para que los lleve a centros de salud. Suficiente se hace con proveer estos servicios con gratuidad. El incentivo para educarse vendrá cuando en el país afloren suficientes oportunidades de empleo que requieran de escolaridad. Y dichas oportunidades brotarán cuando el gobierno cumpla eficazmente sus funciones propias: seguridad y administración de justicia.

Lo peor de todo es que con MIFAPRO se confirma el axioma pronunciado por Ronald Reagan en 1964: “Los programas gubernamentales, una vez desplegados, nunca desaparecen. De hecho, un buró del gobierno es lo más cercano a la vida eterna que veremos en esta Tierra.” Ya se los había anunciado en este blog: hoy todos los partidos defienden alguna versión continuada de Mifapro (sólo que con “transparencia”) porque todos los partidos saben que no hay votante más animado y consistente que el beneficiario de dádivas gubernamentales. MIFAPRO apesta, sin duda, pero está para quedarse. ¡Muchas gracias, Álvaro Colom!

Written by craguilar

febrero 17, 2011 at 12:08 pm